
La medida judicial fue adoptada por la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori, en un recurso de amparo iniciado por la Comisión de Vecinos Lugano en Marcha, ante las demoras en la conclusión de la obra. La jueza libró un oficio a la Dirección de Recursos Humanos del gobierno porteño, que debería recaudar el dinero de los sueldos de Macri y Lemus para, luego, depositarlo “en una cuenta que deberá abrirse a tal efecto en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Tribunales”.
La construcción de un hospital que atienda a la población de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo es un viejo reclamo de los habitantes de esa zona, que quedó plasmado en una ordenanza sancionada en 1986 y en una ley votada por la Legislatura en 2005. La gestión de (Jorge) Telerman planteó la construcción en tres etapas y lanzó la licitación de la primera, que consistía en la construcción de los consultorios. La edificación se inició avanzada la gestión de Macri y la inauguración de la primera etapa fue el 10 de junio del año pasado.
“Hace un año debió haber comenzado la segunda etapa”, le dijo a Página/12 Gustavo Moreno, quien hasta hace unos días era asesor tutelar de menores de primera instancia y ahora cumple la misma función ante la Cámara de Apelaciones porteña. “La jueza le dio un año de plazo al gobierno para que inicie la obra, bajo apercibimiento de multa y, una vez vencido, solicité que se haga efectiva la sanción”, agregó el funcionario judicial.
“Para ellos, el hospital está terminado”, dijo Moreno, en referencia a las respuestas que dio el Gobierno de la Ciudad. Lo que hoy funciona como hospital, en la avenida Fernández de la Cruz y Escalada, son 37 consultorios de odontología, pediatría, clínica médica y ginecología, donde, según la información oficial, “en lo que va del año se atendieron a 10 mil chicos y sólo en septiembre se hicieron 7 mil consultas médicas”.
Para el asesor tutelar, “más que un hospital, es un centro de salud integral que, por ejemplo, no tiene guardia”. Según las fuentes judiciales, la multa y el embargo estarán vigentes hasta tanto el gobierno “demuestre con el sustento documental pertinente haber tomado las decisiones respectivas para la construcción de las obras correspondientes a la segunda etapa del denominado Hospital Lugano”. Los embargos se justifican en que las multas son retroactivas e involucran a los 32 días anteriores a la decisión judicial, lo que da un total de 3200 pesos. Es necesario que desde las agrupaciones políticas y sociales de la Comuna 8 conformemos un ámbito que nos permita debatir y profundizar esta lucha por el Hospital de Lugano ya que las posibilidades de atención en el segundo nivel para estas comunidades –los hospitales Piñero, Santojanni o Penna- no solo se encuentran desbordados sino que suponen en muchos casos la toma de al menos dos colectivos para poder acceder a ellos.
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