La libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa está resguardada por el artículo 14 de la Constitución Nacional y es uno de los pilares en los cuales se basa el sistema representativo democrático.
Pero para publicar, además de las ideas, se necesitan ciertas herramientas, como la imprenta y el papel. La libertad de imprenta está garantizada por el artículo 32 de la Constitución Nacional, porque protege a este método industrial de reproducción de textos (el único cuando se redactó la primera Carta Magna en el siglo XIX) de las posibles restricciones del Congreso o del Poder Judicial de la Federación.
Este es uno de los puntos por los cuales las coronas con sus estados absolutistas monárquicos eran cuestionados. De hecho, en la Francia del siglo XVII, cuando apareció el primer periódico,
La Gazette, su titular tenía una imprenta con una Licencia Real. La autorización del rey permitía difundir solo ciertos pensamientos.
Con las revoluciones liberales en Europa y la independencia de América Latina, florecieron en los países cientos de periódicos con distintas formas de ver la realidad e interpretar los hechos.
En la Argentina, con niveles de alfabetismo alto para 1913, se vendía el diario de mayor tirada en español: Crítica con más de 350 mil ejemplares.
Sin embargo el país no contó muchas veces, a largo de la historia, con el insumo básico para imprimir como el papel. En la Argentina de 1968, el Estado buscaba crear una empresa que produjera este elemento y garantizara la autarquía. Una mayor producción significaría no depender del mercado externo y las importaciones. De esta manera las grandes imprentas de los diarios tendrían acceso sin privaciones al bien básico. El problema principal, fue que no se planteó claramente cuál sería el rol de Estado, que terminó siendo socio de algunos privados.
La materialización del proyecto se produjo durante la última dictadura militar, cuando en 1978 empezó a funcionar Papel Prensa S.A. Esta empresa se conformó a través de una operación comercial signada por delitos de lesa humanidad contra sus anteriores propietarios que al día de hoy continúa siendo investigada por el Poder Judicial, e incluyó la participación de los 3 diarios de la ciudad de Buenos Aires, que difundían posiciones favorables a los jerarcas autoritarios y a su gobierno de facto.
Aunque se logró que no se dependiera tanto de las importaciones de papel, el Estado se asoció con ciertos actores privados, favoreciéndolos. La situación, con algunos cambios, prosigue hasta nuestros días, con el Grupo Clarín dueño de un 49% del paquete accionario, La Nación con el 22,50% y el Estado con 27,50% (un 1% restante está en manos de terceros como TELAM).
Esto está en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR), que tiene rango superior a las leyes y está incorporado a la Constitución en el artículo 75 inciso 22. De este tratado internacional se infiere que el Estado no puede favorecer a determinadas voces, asociándose a una empresa que tiene una posición dominante en el mercado, dejando al resto de los diarios desprotegidos por que no poseen ninguna acción de dicha empresa. Hoy el Estado Nacional sigue junto a Clarín y La Nación, ambos de la ciudad de Buenos Aires, controlando, a través de su empresa Papel Prensa S.A., la producción anual de más de 160 mil toneladas de papel periódico (el 75% de lo consumido en el país).
De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos o PSJCR, la libertad de pensamiento o expresión descripta en su artículo 13, también incluye las herramientas utilizadas para lograr tal derecho. En su inciso 3 se establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Los perjuicios de Papel Prensa S.A., una empresa que ocupa una posición dominante en el mercado del papel para periódicos, es que los restantes casi 200 diarios dependen de ella para poder salir a la calle. Y se puede pensar que existe una competencia desleal, ya que el precio que pagan, no siempre es el mismo para sus dueños, Clarín y La Nación.
Los diarios que no pueden o no le compran a Papel Prensa S.A., deben recurrir a la importación, con precios que llegan hasta el 50% más caro. De hecho el 25% del papel consumido en Argentina para periódicos, proviene del exterior, calculado en más de 75.000 toneladas.
Al declararse la producción de papel como de interés público, se busca aumentar las inversiones para poder abastecer al mercado interno en su totalidad y garantizar un tratamiento justo e igual en precio, contratos y volúmenes de papel para todos los diarios del país.
Mayor pluralidad y cantidad de diarios significa fortalecer el Federalismo, dar cuenta de la polifonía existente e incrementar las posibilidades de acceso a la información y a los actos de gobierno. A su vez, estimula la participación y enriquece a la sociedad civil en el debate sobre las cuestiones que hacen a la vida en comunidad.
El ejercicio pleno de la ciudadanía no sólo tiene que ver con el goce de derechos sino también con el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento de las diferencias. Está bien que tales consideraciones sean tenidas en cuenta, hoy mucho más que antes, en el plano discursivo, pero resulta imperioso recrear soportes y estructuras materiales que den cuenta de esas necesidades.
El Estado, de acuerdo con su obligación, dio un gran paso cuando por intermedio de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, dictó una nueva regulación para la utilización del espectro radioeléctrico. No obstante, en lo que refiere a la palabra impresa aún reina el vacío.
Las exigencias del caso, como bien se manifestó anteriormente, buscan que todos los argentinos sin importar en que rincón del país vivan, puedan encontrar herramientas comunicacionales que den cuenta de los acontecimientos que los rodean y de sus intereses, en equitativa proporción con lo que sucede en otra parte.
Al mismo tiempo se intenta favorecer a producciones periodísticas locales o regionales, sin que dependan, como en la actualidad, de las directrices vertidas desde el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA). El Federalismo o las autonomías provinciales, consignas tan proclamadas por muchos, se defienden con la garantía de que las voces autóctonas tengan los canales que las amplifiquen y les den fuerza.
El bien común se construye en la esfera pública a través del debate público, entre actores con distintos intereses y porciones de poder. La inequitativa distribución de la riqueza y de los bienes simbólicos recaen sobre los más débiles y robustecen las adquisiciones de los más fuertes.
Por estos días estamos asistiendo a la convergencia en un solo bloque de poder, de las corporaciones mediáticas y de otros rubros. Con la idea de presionar para seguir manteniendo sus privilegios, descartan el uso de la libertad de expresión y del debate deliberativo en la esfera pública.
El pasado 24 de agosto el diario Clarín manifestaba con acierto en su editorial que “controlar el papel es controlar la información”. Dicha frase podría quedar como una aseveración verdadera sino fuera que quien la pronuncia detenta, prácticamente, el monopolio de la producción de papel para diarios, con sus consecuentes beneficios, hasta el punto de imponerse por encima de las demás publicaciones, para establecer la agenda pública de discusión que lleva a cabo el conjunto de la sociedad.
Desde su única perspectiva e interés se elabora, casi en su totalidad, el decálogo de temas que debe discutir la ciudadanía. Técnicamente, a este proceder se lo denomina agenda-setting, que es cuando los medios o algunos de ellos en particular influencian sobre la opinión pública y en soportes informativos, que operan con estos en red, por debilidad en su arquitectura económica o por subordinación ideológica. En este contexto, configurar lo público implica una tarea extremadamente difícil si no se produce una reubicación de los medios más cercana a la ciudadanía, de un proyecto de país inclusivo de las mayorías y si no se procesan cambios en las instituciones y en las estructuras de los poderes existentes.
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