En agosto de 1972, con mi socio profesional Rodolfo Ortega Peña, teníamos cerca de trescientas defensas jurídicas de presos políticos. No fue de extrañar entonces que de los 19 prisioneros que se entregaron a las autoridades en el aeropuerto de Trelew -tras haber fugado de la cárcel y no poder abordar el avión en que se alejaron sus restantes seis compañeros- fueran defendidos nuestros, en algunos casos, en patrocinio compartido con otros abogados. Aquella madrugada en que nos anoticiamos por llamadas periodísticas de lo ocurrido en el atardecer y la noche anterior entre la Cárcel de Rawson y el aeropuerto, los primeros nombres conocidos nos indicaban que se trataba de varias de las personas cuyas defensas técnicas teníamos a nuestro cargo
No vacilamos en tratar de viajar a la cárcel de Rawson: fue imposible hacerlo en avión. El gobierno militar había bloqueado todas las plazas para el vuelo de ese día. Fue así como a media mañana, iniciamos con Ortega Peña junto a otros abogados (Rodolfo Mattarollo, Carlos González Gartland, Miguel Radrizzani Goñi, Pedro Galín) un tenso viaje en dos automóviles, que de Bahía Blanca para abajo fue objeto de trabas en sucesivos controles policiales, tendientes a impedir o demorar nuestro arribo a destino.
Al llegar, comenzó una de las situaciones más dramáticas que me tocó vivir en mi larga e intensa vida profesional. Muy pocas veces sentí tanta impotencia y pude comprobar en tal grado el desamparo que trae aparejado la ausencia de respeto a ley y a las garantías individuales con que someten los gobiernos militares a los ciudadanos.
Desde la mañana del 17 de agosto, Rawson parecía, por un lado, una ciudad ocupada, las patrullas militares la controlaban, incluyendo hasta el comedor del Hotel Provincial. Pero, por otro, era un páramo sólo recorrido por los fuertes vientos invernales: los habitantes -sensatamente- sólo se dejaban ver lo indispensable. Una indescriptible sensación de muerte nos embargaba, era una crónica anunciada. íbamos de la cercanía de la cárcel a la zona próxima a la base Almirante Zar, donde tenían a los prisioneros, sin que en ningún lado nos permitieran acercarnos. Constantemente pedíamos entrevistar al juez de la Cámara Federal Jorge V. Quiroga, que había viajado desde Buenos Aires y que instruía el sumario, sin que accediera a recibirnos: hasta llegamos a presentarle escritos pasándolos por debajo de la puerta de su habitación del hotel, reclamándole seguridad para nuestros defendidos.
Todo era vano. Salíamos a la calle y éramos vigilados, mientras los despachos militares y judiciales continuaban herméticamente cerrados para nosotros. El clima era cada vez más lúgubre: advertíamos que estábamos jugando tiempo de descuento: a vida de los prisioneros corría cada hora más peligro y se nos escurría entre las manos. Ortega Peña, Mattarollo, González Gartland y yo fuimos detenidos junto al abogado de Trelew, Mario Amaya, asesinado luego por el golpe del 76, que no le perdonó su participación en la defensa de aquellos prisioneros. Se nos amenazó con fusilarnos, y tras un recurso de hábeas corpus presentado en Buenos Aires, fuimos liberados. Amaya continuó detenido. Intentamos entonces hacer una conferencia de prensa en el estudio de Romero, otro abogado de dicha ciudad. Un explosivo en su puerta, impidió hacerla.
Comprendimos que nada podíamos hacer allá. Nos embargaba el dolor, la impotencia, el sentirnos absolutamente inútiles frente a la negación de todo derecho. Lo único posible era volver de inmediato a la ciudad de Buenos Aires, a denunciar que el crimen avanzaba a pasos agigantados. En la tarde del 22 de agosto, en la sede de la Asociación Gremial de Abogados, en nombre de los profesionales intervinientes, Rodolfo Ortega Peña, en la conferencia de prensa, hizo pública denuncia de la situación y reclamó por la vida de los 19 prisioneros. Esa noche un artefacto explosivo estalló en dicho organismo.
Concomitante con aquella denuncia, en la base Almirante Zar la pedagogía criminal del terrorismo de Estado producía la masacre de Trelew. Una danza de horror, en el pasillo y las celdas, dejaba 16 cuerpos inertes y tres heridos graves. La sangre en las paredes, los restos de masa encefálica, las marcas de los centenares de balas disparadas contra las víctimas indefensas, mostraba en plenitud la furia homicida y ejemplificadora. Masacraban a estos jóvenes militantes pero apuntaban más que a sus corazones, a matar las utopías que anidaban en ellos, sus sueños transformadores y su pasión argentina: no se condenaba su metodología violenta; por lo contrario, aquel hacer de los marinos a cargo del capitán Sosa era un himno a la violencia más extrema (sólo la perversión hipócrita asesina sin piedad en nombre del derecho a la vida).
Tampoco fue el exceso de una guardia ebria. Esta había sido la mera ejecutora de una orden secreta y directa del presidente Lanusse y de los comandantes en jefe. Trataban de restablecer la autoridad de los militares, golpeada en su orgullo envanecido, ahogando en sangre a los que habían osado desafiarla. Pero la vida de la Nación, que es mucho más rica que los lineales propósitos dictatoriales, hizo que Trelew fuera para el régimen de Lanusse lo que Malvinas para el gobierno de Galtieri. Un gran espasmo, un enorme escalofrío e indignación recorrió el cuerpo social. Un creciente sentimiento colectivo de repudio y espanto embargó al pueblo argentino. Ocho meses después, el 25 de mayo de 1973, esos militares debieron entregar el gobierno, aunque tres años más tarde volverían a asaltar el poder para producir el vasto genocidio.
En mi modesta historia personal, percibí en Trelew, tan palpable como nunca antes, la diferencia entre un Estado de derecho y la barbarie autoritaria. En esa comunión con la tragedia sentí la reafirmación del compromiso con los derechos humanos y con la vida, que en medio de tanta impotencia y fracaso recibía como un mandato irrenunciable.
Revista La Maga, 19 de julio 1998
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