Esta situación histórica se ha acentuado fuertemente en los últimos dos años. La ausencia de respuestas, desde la política pública, a problemas sociales cada vez más
complejos, intenta ser cubierta por una serie de dispositivos de asistencia, tercerizados
en organismos privados, como es el caso de los convenios realizados con ONGs para
el tratamiento en adicciones o los hogares para niños, niñas y adolescentes”.
“El sistema de salud público porteño –más allá de los anuncios– carece en la
actualidad de un plan estratégico que organice articuladamente los recursos y las
estructuras que permitan la atención de los porteños y de aquellas personas que,
desde distintos puntos del país, se acercan a la ciudad. Uno de los indicadores más
sensibles para denunciar esta situación es el aumento de la mortalidad infantil, según
información proporcionada por el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En el 2007 el índice de mortalidad infantil alcanzaba el 7,9 por mil nacidos vivos,
mientras que en el 2009 llegó al 8,3 por mil. El análisis detallado de estos datos
muestra además que la pobreza, la desigualdad y la falta de políticas públicas
adecuadas, se expresan con mayor crudeza en la zona sur. Por ejemplo, en la
Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios) la mortalidad
infantil llega hoy al 10,6‰ y en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa
Soldati) al 12,8%”
“Las políticas de niñez desarrolladas por la actual gestión de gobierno implican
una regresión en materia de la protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Un claro ejemplo de esto se refleja en la distribución del presupuesto de
la Dirección General de Niñez y Adolescencia, donde más del 40% se destina a la
institucionalización (alojamiento o internación de niños/as en hogares, casi en su
totalidad dependientes de organismos privados) y aproximadamente el 6% se destina
al Programa de Fortalecimiento de Vínculos, cuya finalidad es el apoyo a la
revinculación familiar y comunitaria de los niños/as. Según los informes realizados por
el Ministerio Público Tutelar de la CABA, aproximadamente hay 1300 niños/as
alojados en hogares, algunos con prolongados períodos de permanencia, en
situaciones de irregularidad respecto al dictado de medidas excepcionales. Esta
tendencia a la institucionalización de niños/as en situación de vulnerabilidad social,
dejó de ser objeto de debate a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26061 que
restringió a situaciones excepcionales la aplicación de esa práctica”.
“En el ámbito de la educación, la actual gestión ha privilegiado la educación
privada sobre la educación pública, aumentando –en más de un 150%– las
transferencias monetarias a instituciones no estatales y reduciendo en un 3% el
presupuesto destinado a infraestructura de las escuelas públicas. Con la transferencia
al sector privado de la función docente del Estado, se altera el sentido de la educación
que, desde la gestión actual, aparece más como un servicio de consumo
individual/familiar vinculado al mercado, que como un derecho social vinculado a la
condición de ciudadano. En la oferta educativa estatal existe una clara desigualdad
que afecta principalmente a la población del sur de la Ciudad y que se evidencia en:
falta de vacantes de nivel inicial y primario, edificios reducidos y/o en crítico estado de
conservación y menor cantidad de escuelas de jornada completa. Para estas
poblaciones existen una serie de medidas focalizadas –programas de inclusión– que
se ofrecen desde el Estado como recursos aislados y que, debido a la ausencia de
una estrategia eficaz de comunicación, son apropiados diferencialmente por los
establecimientos educativos generando también fragmentación en el sistema
educativo público. Cabe mencionar además que la política actual hacia los
trabajadores de la educación se ve signada por el vaciamiento de los equipos
profesionales, el recorte de salarios, la precarización laboral y el desprestigio material
y simbólico de los docentes”.
“En materia de política pública de vivienda, el achicamiento del presupuesto es
notable y la tendencia muestra que sigue decreciendo a niveles insospechados. En el
último período de la gestión actual de gobierno, los programas del Instituto de Vivienda
de la Ciudad (IVC) que promueven la “autogestión, el trabajo cooperativo y la
organización colectiva”, no llegan a ejecutar el bajo presupuesto estipulado debido a
su falta de idoneidad y de decisión política ante el problema social que representa para
miles de familias de la CABA no tener derecho a un techo digno. El Programa de
Autogestión de Vivienda, que tiene a las organizaciones sociales como actores
protagónicos, organizadas según la Ley 341/GCBA, no tiene abiertas sus puertas a la
incorporación de nuevas cooperativas, y lo que es aún más alarmante, las
cooperativas que hoy se encuentran en condiciones de construir su proyecto de
vivienda, luego de más de 5 años de gestión, no lo hacen debido a la trillada respuesta
de “la falta de presupuesto”. Son cerca de 30 las cooperativas que se encuentran a la
espera de la aprobación de fondos para la continuidad de sus obras, 80 las que
teniendo terreno no pueden comenzarlas y más de 400 las que, estando inscriptas, no
pueden iniciar la búsqueda de sus terrenos.
La problemática habitacional además se ve agravada por un aumento de los
desalojos en los últimos años. Si para 2007 las familias en situación de desalojo
alcanzaban a 3.317, sólo en la primera parte del 2008, 4.772 familias solicitaron el
subsidio creado por el Decreto 690/GCBA (para familias en situación de calle).
Asimismo en 2008 se produjeron modificaciones en esta normativa que limitan el
acceso al subsidio y reducen el número de beneficiarios. También excluyen medidas
preventivas ante inminentes desalojos, introducen normas que permiten la absoluta
discrecionalidad para la caducidad del beneficio y eliminan el objetivo de orientar a los
beneficiarios para encontrar soluciones definitivas al problema de la emergencia
habitacional (CELS-AGT, 2009)”.
“Paradójicamente, mientras aumentaba la población en situación de calle, los
subsidios para este segmento observaron una reducción presupuestaria, que pasó de
24.826.717 pesos en el año 2007 a 20.528.094 pesos en 2009, a la vez que el
presupuesto era subejecutado. Según un relevamiento reciente las personas que
carecen de un hogar fijo son alrededor de 14.900, lo que significa un aumento de más
de 35 % con respecto a 2009.
En suma, considerando la cantidad de recursos económicos de la CABA,
resulta incomprensible el retroceso de enfoques y la regresión del gasto registrada
en sectores claves de la política social. El PBG (Producto Bruto Geográfico), que mide
la riqueza de esta jurisdicción, asciende a 233 mil millones de pesos; esta cifra
representa alrededor de la cuarta parte del PBI del total del país. A su vez el PBI per
cápita de la CABA también supera ampliamente al promedio del país en
aproximadamente 2.5 veces, evidenciando el alto poder adquisitivo de su población.
En este contexto, los ejemplos mencionados bastan para comprender el orden
de prioridades de una gestión, que no sólo pareciera desconocer las condiciones de
vida de los sectores empobrecidos de la ciudad, sino que además anula el poder
redistributivo del Estado para el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Esta
política concentra los recursos públicos en los sectores privilegiados del mercado
mientras vacía a las instituciones que durante años se encargaron del bienestar de
una población relegada de los beneficios del modelo neoliberal, fuente de la ideología
que la actual gestión del Gobierno de la Ciudad practica”.
Firman entre otros: la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, Adriana Clemente, la Directora de la Carrera de Trabajo Social, Ana Josefina Arias, los Profesores María Felicitas Elías y Alfredo Carballeda y las docentes, Soraya Guiraldes e Ingrid Manfred.
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