Desde la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno la deuda pública de la Ciudad no ha hecho más que incrementarse: el volumen total de endeudamiento creció más de $ 2.800 millones de pesos entre 2008 y 2010, más de dos veces y media su valor al inicio del mandato. Mientras se resiste a hacer más progresiva la estructura tributaria gravando, por ejemplo, la compra y venta de acciones o el desarrollo inmobiliario concentrado, el macrismo estudia aumentar el ABL a todos los vecinos por igual y, asimismo, subir la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en los pequeños comercios.
Con la colocación de bonos en el mercado europeo, realizada los primeros días del mes de Marzo de este año, el stock de deuda pública de la Ciudad se disparó a niveles inusitados.
Con respecto a septiembre de 2009, el incremento de las obligaciones de deuda totales del Estado Local es del 153%, llegando a casi $6500 millones. Estos últimos U$S 480 millones colocados en el marco de la política de “incorporación al mundo” que milita con singular impunidad el Jefe de Gobierno muestran a las claras que tipo de inserción desea la derecha local para la Argentina.
Pocas semanas antes que se hiciera efectiva la oferta de canje de deuda nacional, que a esa altura ya era evidente que se produciría, el Ejecutivo de la Ciudad propaló como un gran éxito la colocación de una nueva serie del Bono Tango a una tasa anual en dólares de 12,5 %, pagando una comisión del 2% por la operación. La tasa de referencia para el canje de la deuda soberana defolteada fue del 8%, y la comisión total fue del 0,5%, que a la sazón fue pagada por los bonistas.
Independientemente de la sobre tasa y del monto de la comisión, la falta de oportunidad para generar este endeudamiento ponen al Ministro de Hacienda Néstor Grindetti en situación latente de acusación de administración fraudulenta, o en su defecto en la obligación de explicar las razones de operación.
Según las autorizaciones legislativas despachadas en su momento, U$S 300 millones corresponden la fondeo de las obras de subterráneos, las grandes postergadas del plan de desarrollo urbano del macrismo. En estos días somos testigos de la confesión del Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, el ex SOCMA y prestigioso urbanista Daniel Chaín, que afirmó que estas esperadas obras (extensión de la línea H hasta Pompeya y hasta Retiro, por ejemplo) se retrasarán porque…no están listos ni los proyectos ni los pliegos de licitación.
Ante la requisitoria, que supone la necesidad de explicar por parte del Ejecutivo las razones para pagar 12,5% anual de interés por U$S 250 millones que no serán ejecutados, hecho que era una obviedad, independientemente del reconocimiento del Ministro, Hacienda responde:
– No se hagan problema, tenemos la plata en un plazo fijo en el Banco Ciudad que rinde 10% anual – como si se tratara de una mesa de dinero, y nó de la administración gubernamental.
Pero los antecedentes que desembocan en esta impresentable política de hipoteca sobre los recursos de la Ciudad, se hunden en las gestiones que el macrismo viene llevando adelante desde los albores de esta gestión.
Fondos para obras y recorrido de la Deuda
El mentado Fondo de Infraestructura Social (FOISO), se creo por medio de una ley, la Nº 2570, sancionada el 5 de diciembre de 2007, al final de la gestión Telerman con la composición del Cuerpo anterior al recambio de diciembre de 2007.
Se trata de la constitución de reservorio de recursos destinados a un conjunto de obras de infreaestructura, no necesariamente social, que se detalló en los anexos de la ley. La posibilidad de sumar recursos al fondo solamente se refería a la realización de operaciones de crédito público en el marco de la regulación de la Ley Nº 70, y por un monto máximo de $1.600 millones. Para su seguimiento se creo una testimonial Comisión, que debía velar por la racionalidad del endeudamiento (fuentes, tasas y plazos) y por la disposición efectiva de los recursos con destino a las obras que se detallaban.
En el contexto de una transición bastante promiscua, y sobre la base de un presupuesto que, luego se demostraría, estaba severamente subestimado por el lado de la recaudación tributaria, el hecho de ponerle fuente de financiamiento alternativo y eventual a un conjunto arbitrario de obras constituyó el primer intento de recorte discrecional del Ejecutivo
Supuso un cambio de sistema de prioridades en materia de obras, una discriminación concreta con obras supetidadas a gestiones de dudosa factibilidad.
Las fuentes de financiamiento se agrupan en cuatro grandes subconjuntos: recaudación tributaria, rentas que cobra la Ciudad por distintos usos del espacio, transferencias nacionales y deuda pública.
Dentro del último grupo, se destacan las líneas de financiamiento blandas que surgen de organismos internacionales de crédito (BID, BM), que suponen el establecimiento de desembolsos sobre avance de obras; el caso emblemático es de la línea de crédito para las obras hídricas, que deben escurrir “toda el agua que viene de Provincia”.
El monto de estos recursos siempre se plantea como una parte del total de la obra y con carácter específico.
La colocación de títulos de deuda pública se dirige finalmente a la caja única, no admite diferenciación por destino, y se paga siempre a mayores tasas. En la situación de la deuda soberana y subsoberana de la Argentina podía en 2008 y nadie puede ahora, imaginar que las tasas bajarían de los dos dígitos. Y que se acercaría más a 15% que a 10%.
El fondeo se intentó por medio de las acciones de colocación que autorizó la Ley Nº 2789, del 10 de julio de 2008.
La polémica norma autorizaba la colocación de U$S 500 millones, y fue aprobada con 38 votos a favor, producto del acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo. Ese día, el dólar valía $ 3,0158, el monto en pesos por tanto era de $1507 millones.
La discusión legislativa se centró en la sospecha de la oposición sobre una falta de una necesidad efectiva para generar este endeudamiento, sólo justificable en un hipotético bache fiscal - que no parecía ser la situación - que dejara afuera de presupuesto obras importantes. Era evidente que la recaudación estaba subestimada: el hecho se demostró en octubre cuando el Ejecutivo modificó el presupuesto para autorizarse el uso de casi $2000 millones de recaudación adicional, provenientes de un crecimiento fabuloso en la recaudación de ingresos brutos, y de la modificación de la norma del ABL que casi duplicó su recaudación.
En ese marco el Ejecutivo hizo uso de la autorización que tenía y su vez solicitó al Ejecutivo Nacional el permiso para colocar deuda. Asimismo, regía la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que lo imponía (la Ciudad renunció por Ley a la norma a finales de 2009).
La no autorización por parte del Ejecutivo Nacional, que durmió el trámite administrativo, fue caballo de batalla discursivo del Ejecutivo, con el proverbial “palo en la rueda que nos pone el Gobierno Nacional”.
Un año
Poco más de un año después de la malograda autorización original, el mundo y el sistema financiero habían cambiado sobremanera.
La crisis internacional estaba en plan de suavización, o lo aparentaba. La crisis aún no está agotada. Promediando 2009 los Estados, a rezago, empezaron a sufrir en su ecuación fiscal a raíz de la maduración del proceso de desaceleración económica.
El sistema privado de jubilaciones había sido estatizado, y con ello se diluyó la intención de canalizar deuda por allí, algo que había estado en la imaginación del Ejecutivo.
La extensión de déficits a nivel provincial, mezcla de bajas relativas en la coparticipación, matrices tributarias ineficaces, inertes y regresivas y el peso de los incrementos salariales a los trabajadores estatales, dejó sin sentido práctico, abolió, el Régimen de Responsabilidad Fiscal, y como mencionamos arriba, la Ciudad aprovechó la volada renunciando a su cumplimiento, de modo que el obstáculo formal, la autorización del Gobierno Nacional, estaba sorteado.
27 de Agosto de 2009. Por medio de la sanción de la Ley Nº 3152, el Ejecutivo logró la sortear sus dificultades para financiarse colocando deuda; su stock se había mantenido constante entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009.
La norma vino a poner realidad a esta estrategia de endeudamiento, adaptando a la coyuntura el cambio de condiciones que describíamos. Se habilitó el despliegue de un conjunto modalidades de bonos de deuda:
1. Pago de Deuda con proveedores por $690 millones, mediante bono. En efecto se trataba de un esquema de deuda por deuda, pagadero en el período de la actual administración, hasta 2011.
2. Letras de corto plazo, por $300 millones, ampliando los márgenes que ya disponía el Ejecutivo para hacerse de liquidez de cortísimo plazo, con costos financieros totales del 15% anual. Por estos días el Ejecutivo se vanagloria de pagar dos dígitos por recursos líquidos a 30, 45 y 60 días; nos preguntamos cuál es el sentido de estas operaciones onerosas, de montos licitados son del orden de los $150 millones por colocación. Sólo se justificarían en una crisis de caja; una Ciudad con $17.500 millones de presupuesto anual, no puede tener problemas de caja por el 0,5% de su giro. Es imposible.
3. El sedimento del denominado FOISO, por eventuales $913 millones, fuente de financiamiento para un conjunto variopinto de importantes e inevitables obras sociales, de mantenimiento e infraestructura.
Criterio
Los criterios de endeudamiento de un Estado como el de la Ciudad, debe acompañar un plan de inversión que apunte a resolver los conflictos urbanos que surgen de la deficiencia en las infraestructuras públicas. Esto a su vez se halla imbricado con el patrón de crecimiento económico y poblacional vigente, que en una urbe se halla fuertemente determinado por el recurso crítico irreproducible: el espacio.
Mientras la inversión de capital devengada fue de $1.900 millones en 2008, por el 15% del total de los recursos, el monto nominal se mantuvo para 2009, pero la participación sobre el total de los recursos devengados se redujo al 12%.
A esto hay que sumar la disminución real equivalente a la inflación específica, del 23,7% en 2008 y 22,8% en 2009, según el IPI – INDEC para Consumo de Gobierno, para los consumos de gobierno.
Al interior de la cuenta de inversión se destaca la prominencia de las obras de mantenimiento y corto plazo (asfalto y arreglo de plazas), el estancamiento de la inversión en obras de ingeniería e infraestructura de transporte público, y el retroceso relativo en el mantenimiento y ampliación de los equipamientos de salud y de educación.
Aquella imposibilidad de constituir el FOISO no modificó los planes de priorización del Ejecutivo, los confirmó. Simplemente se mantuvieron en su posición subejecutando o recortando las partidas de obras que no figuraban en sus planes originales, y manteniendo el criterio cosmético de intervención en el espacio público, en perjuicio de la infraestructura social y las intervenciones de planeamiento más estratégicas.
Espiral
Entre 2008 y 2009 los dos frentes de endeudamiento de la Ciudad mostraron sendos crecimientos. Por el lado de la deuda pública el Ejecutivo incrementó el stock en 46,9%, a fuerza de colocaciones autorizadas por la Ley 3152.
Miramos la evolución de la deuda flotante, la deuda emitida por el Tesoro dentro del ejercicio de cada presupuesto, para atender a las diferencias de vencimiento entre los créditos activos y pasivos del mismo; muchas veces se identifica con la deuda a corto plazo, y en gran medida Es deuda con proveedores y contratistas como consecuencia de no abonar los certificados de obras y servicios ya reconocidos.
Vemos que durante 2009 el Ejecutivo canceló compromisos generados en 2008, y antes, por $1.700 millones, y generó nueva deuda flotante por $1.800 millones, elevando su nivel a casi $2000 millones.
El saldo del 2009 es preocupante:
1. Un incremento del 50% en la deuda pública, que si bien tiene una mayor denominación relativa en pesos (más que en dólares) se refiere a los mentados y onerosos bonos, por $800 millones.
2. Un incremento de la deuda flotante por casi $300 millones. Mirando el balance de la relación Gobierno - Empresas, el corte anual muestra que de una deuda de $1.712 millones, se pasó a más de $2400 millones ($1998 millones flotantes y $416 millones en bonos): un incremento del 30%.
3. Si sumamos ambos incrementos, $1100 millones, y los contrastamos con el stock de deuda, el incremento en todo concepto es del 32%. El presupuesto, en el mismo lapso creció un 2,3%.
Pagos
Ahora, los pagos de deuda pública pasaron de $480 millones en 2008 a $840 millones en 2009; como decíamos, entre períodos, la inversión de capital se mantuvo constante nominalmente, según los valores devengados.
Entonces, habiéndose incrementado el nivel de repago, y con un aumento de $1.100 millones en el stock de endeudamiento, el Ejecutivo no logró invertir más.
Ritmo
Y peor, al ritmo en que viene, el nivel nominal previsto en el Plan Plurianual de Inversiones $1900 millones, que será efectivo más que seguramente en un 80%, $1500 millones finales de inversión sólo puede garantizarse con el fondeo especial de la con algo más de deuda y con el crédito específico para Subterráneos de la Corporación Andina de Fomento (que hay que ver si lo ejecutan).
Las previsiones para financiar el plan (?) de obras serían: $630 millones del tesoro de la Ciudad (recursos genuinos), $230 millones de la línea BIRF para las obras hídricas e improbables $120 millones de planes nacionales de vivienda. Suma $980 millones.
Si consideramos que puede emitir deuda a estos efectos por $720 millones todavía, en estas coordenadas puede estar el esquema de inversión - financiamiento para este año. En total $1.600 millones.
Compromisos futuros
Vemos que el ritmo de endeudamiento contra ejecución forma un horizonte insustentable para el desarrollo urbano de la Ciudad: mientras la inversión global se estanca, y a su interior prima la cosmética, la deuda avanza a un ritmo de 30% mayor.
Esto acarrea una doble consecuencia. Por un lado un deterioro real del nivel de inversión en infraestructura y transporte público, por el aumento de los costos en las obras año a año. Por otro, peso mayor de la deuda sobre el presupuesto de la Ciudad, que tiende a incrementar los volúmenes anuales de repago, y su participación sobre el total de presupuesto desplazando inevitablemente a fututo su inversión de capital.
La tendencia exhibe la incapacidad del Estado local en manos de la derecha para acompañar el crecimiento económico y poblacional de la Ciudad.
De no mediar una reforma tributaria que grave nuevas rentas generadas en actividades no grabadas, o escasamente gravadas, la tendencia divergente entre ahorro e inversión de capital no puede sino acentuarse.
Mientras recorre en bicicleta la Ciudad, en una metáfora trágica de su política de desarrollo del transporte público, el macrismo pretende embretar a vecinos y oposición con un aumento plano del ABL. Macri dice que atrasa con respecto a la inflación. La valorización del uso urbano empuja a la inflación (por el precio de los alquileres, por ejemplo), intervenir en su apropiación es función de los impuestos, entonces hay que gravar la rentas de manera más que proporcional, a los tenedores inmobiliarios que generan rentabilidad con sus propiedades, más que a los que viven en sus propiedades.
Se podría gravar por Ingresos Brutos, pero los rentistas urbanos lo evaden.
La derecha hace caso omiso a alternativas de mayor justicia, como el gravamen a la renta financiera, eliminando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos que devengan la compra y venta de títulos de deuda y acciones de la bolsa, y las rentas de los plazos fijos altos.
Es cierto que existe la necesidad de rever la composición de la matriz tributaria, reduciendo la participación de los impuestos a las transacciones (en 2009 creció), y es cierto que hay que incrementar la participación de los impuestos a la propiedad. Pero es preciso avanzar sobre el gravamen de rentas privadas concentradas (sistema financiero, desarrollo inmobiliario, exportación de servicios y telecomunicaciones); el macrismo se niega a hacerlo.
La derecha no quiere “ahuyentar a los inversores”, prefiere ahuyentar a los otros seres vivientes de la Ciudad, con el encarecimiento de sus condiciones de vida urbana.
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